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Nacionales

Indagarán a 29 municipios del Chaco por el desvío de fondos para tratar residuos

Se investiga el destino de unos $ 600 millones girados a los municipios; una auditoría detectó casos de recursos transferidos para obras que nunca se hicieron y 29 son intendencias de la provincia del Chaco durante la gestión 2011-2015.

Los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández , Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich ya pasaron por el juzgado de Claudio Bonadio para comparecer en indagatoria en una causa en la que se investiga la presunta malversación de casi 600 millones de pesos correspondientes a transferencias a municipios por el programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). El dinero no llegó adonde debía. Ahora, el próximo paso en el expediente es convocar a unos 90 intendentes para que cuenten cuál fue el destino del dinero.

El foco de la investigación apunta hacia el papel que jugaron los jefes comunales. Según se pudo saber de una fuente judicial al tanto de la causa, “claramente, se están estudiando” estos llamados, para “una segunda tanda” de indagatorias.

Las citaciones a los intendentes tendrán por objetivo “saber dónde está la plata que no está en las tareas proyectadas” en el plan de residuos, contó una fuente tribunalicia. Las convocatorias a los intendentes comenzarían a llegar antes de fin de año.

El expediente comenzó con una denuncia el año pasado del director general de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente, Martín Bolado, tras una auditoría que encararon en el ministerio sobre los fondos del programa Girsu. La investigación la lleva adelante el fiscal Carlos Rívolo.

En la auditoría, según consta en un resumen de la causa al que accedió LA NACION, se concluyó que, entre 2013 y 2015, el programa “funcionó con serias deficiencias de control interno, que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos”.

La denuncia se circunscribía a los municipios de Quilmes y Río Gallegos y a 29 distritos de la provincia de Chaco, pero la fiscalía recomendó el análisis de todas las transferencias a los distritos beneficiados por este programa. Por ello pidió un “relevamiento del resto de los 194 expedientes”.

El análisis alcanzó 120 municipios y alrededor del 75% (unos 90 distritos) tuvieron irregularidades, como la falta de un “mapa crítico” para identificar lugares “vulnerables”; la aprobación de proyectos sólo a partir de trámites administrativos; la falta de control interno en la ejecución de planes, y las solicitudes de comunas que no reunían los requisitos, pero igualmente recibieron giros de dinero.

Río Gallegos es un foco de irregularidades. Según se pudo conocer de fuentes al tanto de la pesquisa, en 2015 le giraron al municipio $ 25.176.903,60. Rindió gastos por $ 25.409.735. Pero antes de que se aprobara la rendición, la intendencia solicitó $ 59.455.148 más. En octubre, la Secretaría de Ambiente le transfirió $ 34.278.245. En una visita de la Sigen pedida por la fiscalía se comprobó que en Río Gallegos “no se mejoró la situación del tratamiento de los residuos sólidos urbanos” y que los proyectos que se preveían eran inviables. Pero la plata se transfirió.

La investigación apunta hacia los intendentes, algo que Capitanich, al presentarse ante Bonadio, abonó. El 1º de noviembre dejó un escrito y planteó que los “responsables” de la ejecución fueron los jefes municipales. La Jefatura de Gabinete era responsable de la transferencia de fondos. Entre 2013 y 2015, Ambiente era una secretaría que dependía de la Jefatura de Gabinete. Capitanich fue ministro coordinador entre noviembre de 2013 y febrero de 2015. En 2014, según determinó una auditoría que realizaron Ambiente y la Sigen, se giraron $ 275.065.082 a 64 municipios, de los cuales 49 eran de Chaco, provincia que gobernó Capitanich, actual intendente de Resistencia. El 29,4% de los fondos totales del programa fue a municipios chaqueños.

En 2013, los giros a municipios fueron por $ 182.856.775; en 2015, por $ 132.215.069. En los tres años bajo la lupa se acumuló un total de $ 590.136.927.

Una auditoría del Ministerio de Ambiente sobre los municipios chaqueños incluidos en el plan concluyó que no se justificaron “los criterios técnicos y valorativos para otorgar más de $ 173 millones [el mayor gasto del programa] a una provincia que en conjunto genera el 0,81% de los residuos sólidos urbanos a nivel nacional”. En el caso del municipio chaqueño de Santa Sylvina, “se hace mención al reciclado de residuos patológicos, que son controlados por otra legislación”, dice el informe.

El 30 de octubre declaró Abal Medina, jefe de Gabinete entre diciembre de 2011 y noviembre de 2013. Presentó un escrito en el que explicó sus “competencias y accionar” con los fondos.

Aníbal Fernández, investigado en la causa por su segundo período como jefe de Gabinete, que comenzó en febrero de 2015, declaró el 18 de octubre. Contestó preguntas, cuestionó la denuncia y negó irregularidades.

Entre las deficiencias relevadas en el expediente están las del municipio bonaerense de General Belgrano. Una visita de personal de la Sigen constató que “la disposición final de los residuos sólidos se llevaba a cabo en una cava, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad y prevención de contaminación”.

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Nacionales

FlyBondi suspendió un vuelo por “descanso de la tripulación”

Al menos 180 pasajeros se encuentran varados en Córdoba por la cancelación de un vuelo que debía salir este martes rumbo a Mendoza.

Según informaron desde la empresa, el vuelo no se realizará y se suspende “por el descanso de la tripulación”.

“Estamos desde las 4 de la madrugada y de golpe cancelan el viaje. A cambio nos ofrecen ir en colectivo hasta Mendoza. No nos dan respuestas ni explicaciones“, dijo una pasajera en declaraciones a la prensa.

Se trata de 180 pasajeros que llegaron este martes a la mañana al Aeropuerto de Córdoba a la espera de una solución.

 

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Nacionales

Cristina Kirchner casi confirmada como candidata a Presidente

Miguel Pichetto, que de estas cosas sabe mucho, lo anticipó ayer, y todavía nadie se atrevió a contradecirlo: Cristina Fernández será candidata a presidenta, y competirá contra Mauricio Macri, si es que nada raro sucede.

Su lógica es impecable. Primero, no hay otro dirigente de la oposición que junte tantos votos como ella. Segundo, como bien recordó Rosendo Fraga ayer, Cristina mandó a instalar “células” de Unidad Ciudadana en todo el país. En tercer lugar, la ex jefa de Estado tiene el mayor de los incentivos para volver a pelear en el barro: evitar que tanto ella como sus hijos vayan a la cárcel, acusados de perpetrar actos de corrupción y de fraguar documentos para ocultar la ruta del dinero malhabido.

La bomba de humo de la instalación como candidatos del espacio de Felipe Solá y de Agustín Rossi ya se está disipando. Ni uno ni otro tienen con qué empezar. Solá, porque antes de cualquier propuesta que pueda poner a consideración, será estigmatizado como un veleta. Rossi, porque no despierta entusiasmo y porque, además, Elisa Carrió empezó a investigarlo para determinar qué papel jugó en el enriquecimiento de su hermano y el crecimiento de su empresa de transporte.

Pero Cristina Fernández, además de los motivos precedentes, tiene otro muy potente para convertirse en candidata a presidenta, por más que pierda: evitar que cualquier otro aspirante del peronismo no kirchnerista se lleve el premio mayor. Ella sabe que, a cada uno de ellos, le hizo tanto daño como el que pudo, y que tarde o temprano le devolverán el favor.

El propio Pichetto, pero también Sergio Massa, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Juan Manuel De la Sota y Florencio Randazzo están anotados en primera fila. Incluso Roberto Lavagna, el hombre a quienes muchos ven como el candidato ideal para competir en las PASO, tiene cuentas pendientes con la familia Kirchner, derivadas de los carpetazos que le tiraron antes y después de su paso como ministro de Economía del gobierno de Néstor.

¿Podrá Cristina hacer una buena campaña con tantos juicios abiertos en los que aparece procesada como jefa de asociación ilícita, receptora de coimas y cómplice de lavado de dinero? Solo si el dólar vuelve a descontrolarse y la economía se deteriora todavía más.

Fuente: Infobae

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