El Gobierno calificó como “política” y “opositora” la marcha universitaria federal de este martes, a la que convocaron las universidades nacionales para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno mantiene bloqueada a la espera de una resolución de la Corte Suprema.

Este martes, miles de personas se concentraron en la Plaza de Mayo -y otros puntos del país- para marchar en defensa de la educación pública y exigirle al Gobierno la aplicación de la norma que prevé la actualización de los fondos que reciben las universidades nacionales para el pago de salarios y los gastos de funcionamiento.

Dicha ley fue aprobada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo y restituida, luego, por ambas Cámaras. Desde entonces, el Gobierno se rehúsa a aplicarla, alegando que los autores del proyecto no especificaron el origen de los fondos para financiarlo. Según proyectaron en la Casa Rosada, su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos, una erogación que pondría en jaque el equilibrio fiscal. La cuestión llegó a la Justicia, donde se aguarda la resolución del máximo tribunal de justicia.

“Desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades o directamente cerrarlas”, se defendió el Ejecutivo, a través de un comunicado que publicaron este martes.

En el documento que leyeron en la Marcha Federal Universitaria, las universidades retomaron sus críticas a la administración nacional: “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, dice el documento que se leyó al final de la manifestación.

También se dirigieron a la Corte, la cual, como se dijo, debe resolver la cuestión de fondo: “Escuche el clamor de las plazas de toda la República y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”.

La ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario se mantiene suspendida luego de que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le concediera al Gobierno un Recurso Extraordinario Federal. Esto implica que la medida seguirá sin entrar en vigencia hasta tanto la Corte se expida.

En rigor, la norma nunca llegó a ejecutarse, dado que el Gobierno se había negado a reglamentarla en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629, que establece que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos”. “En caso contrario -prevé- quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.