Ingresó al Congreso el proyecto de ley de “Defensa de la Soberanía Nacional” impulsado por el gobierno de Javier Milei, que tiene como objetivo ampliar las herramientas del Estado para intervenir frente a actividades consideradas contrarias a los intereses soberanos de la Argentina. La iniciativa combina la protección de los recursos naturales, la Seguridad Nacional y la Defensa.

El texto presentado por el Poder Ejecutivo coloca a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como uno de los fundamentos de la iniciativa. Según los argumentos del proyecto, la propuesta busca convertir en herramientas concretas el mandato constitucional de recuperar esos territorios y, al mismo tiempo, reforzar la capacidad estatal para proteger los recursos naturales, el Atlántico Sur y las denominadas Infraestructuras Críticas.

El proyecto sostiene que la cuestión Malvinas constituye una “causa nacional y permanente” y plantea que su defensa debe continuar por vías pacíficas, diplomáticas y jurídicas. A partir de ese marco, propone modificar legislación vigente y crear nuevas estructuras para actuar frente a actividades que el Gobierno considere una amenaza para la soberanía.

Más sanciones por explotar recursos sin autorización argentina

Uno de los cambios centrales está vinculado con la Ley 26.659, que actualmente regula actividades hidrocarburíferas relacionadas con las Islas Malvinas. La iniciativa busca ampliar su alcance para incluir cualquier actividad no autorizada relacionada con el aprovechamiento de recursos naturales, sean renovables o no.

El proyecto establece que quienes desarrollen esas actividades podrán recibir multas, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitaciones. Pero las consecuencias previstas van más allá de impedir que continúen con una determinada explotación.

En determinados casos, la inhabilitación podría implicar la prohibición de desarrollar actividades económicas en el territorio argentino, la revocación de permisos, el retiro de beneficios fiscales y previsionales y la resolución de contratos vinculados con el infractor que se ejecuten en el país o involucren bienes situados en Argentina.

También se propone endurecer el régimen penal para quienes realicen tareas de prospección o exploración de recursos no renovables en el lecho o subsuelo del mar territorial o de la Plataforma Continental Argentina sin autorización.

El proyecto llega al Congreso en un momento en que la actividad hidrocarburífera alrededor de Malvinas ocupa un lugar central en la discusión. En particular, el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, quedó bajo la lupa de la Justicia argentina.

Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional

El Ejecutivo propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, cuyo órgano principal será un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente. La estructura incluiría al jefe de Gabinete y a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además del titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia.

El objetivo declarado es coordinar áreas que actualmente funcionan por separado y reunir bajo una misma política cuestiones vinculadas con diplomacia, economía, defensa, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica.

El Consejo tendría entre sus funciones elaborar una Política de Seguridad Nacional que, según el proyecto, debería ser transversal y de aplicación obligatoria para los organismos que integren el sistema.

La iniciativa también crea una estrategia específica para proteger las Infraestructuras Críticas, una categoría que incluye redes, sistemas e instalaciones públicas o privadas consideradas indispensables para servicios esenciales, la economía, la defensa, la seguridad, la salud o el funcionamiento del Estado.

Qué considera el Gobierno una amenaza a la Seguridad Nacional

El proyecto incorpora además un nuevo régimen de sanciones para determinadas acciones que puedan afectar la Seguridad Nacional cuando exista participación de Estados u organizaciones extranjeras, o de personas y empresas que actúen bajo su control, financiamiento o beneficio.

Entre las conductas contempladas aparecen aquellas destinadas a afectar la integridad territorial argentina, interferir de manera clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones de las autoridades, atacar Infraestructuras Críticas o facilitar y financiar ese tipo de acciones.

Las sanciones podrían incluir multas, revocación de permisos y concesiones, inhabilitación para contratar con el Estado y pérdida de beneficios, créditos, garantías o subsidios estatales.

El texto también habilita la adopción de medidas urgentes frente a amenazas que sean consideradas graves e inminentes. El proyecto establece que esas herramientas deberán ser excepcionales, estar vinculadas directamente con el riesgo identificado y contar con un plazo determinado o una condición objetiva para su finalización.

Cambios en la Ley de Defensa Nacional

También se modifica la Ley de Defensa Nacional 23.554. La propuesta amplía la definición de Defensa Nacional para incluir la protección permanente de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, la capacidad de autodeterminación y la vida y libertad de los habitantes.

También incorpora como parte del escenario de Defensa los riesgos, amenazas y desafíos de origen externo, tanto estatales como no estatales y de carácter “cinético” o “no cinético”.

En ese marco, el proyecto plantea que las Fuerzas Armadas se preparen para operaciones convencionales y no convencionales y contempla su participación en la protección de Infraestructuras Críticas que sean identificadas por el nuevo Consejo de Seguridad Nacional.

El Ejecutivo cerró el proyecto con un pedido al Congreso para que tenga “pronto tratamiento y sanción”. Ahora la iniciativa deberá comenzar su recorrido parlamentario.