El fuego arrasó con más de 800.000 hectáreas desde 2020 y no hay un trabajo profundo en la prevención de los focos ígneos, solo se los ataca cuando están activos. Es la novena vez en los dos últimos años que sucede un desastre de esta magnitud y los funcionarios solo denuncian ante la justicia para “deslindarse” de la responsabilidad.

Esta semana el humo de los incendios llegó a la Ciudad de Buenos Aires y obtuvo nuevamente una gran relevancia en los medios nacionales, con los cambios de vientos se sintió por primera vez el olor de la quema de los humedales, pero en otras localidades de Buenos Aires o incluso en Rosario el fuego no es novedad, se puede apreciar a diario y contamina el oxígeno que respiran los ciudadanos diariamente. Este viernes, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego informó que cuatro provincias se encuentran con focos activos, pero la zona del Delta del Paraná sigue siendo la más afectada con siete focos activos. 

En la región de Delta del Paraná el fuego arrasó con más de 800.000 hectáreas, en lo que se conoce como territorio Piecas. Ana Di Pangracio, abogada ambientalista y directora adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explicó que a diferencia de otros puntos del país, en las islas del Delta los incendios no son un “elemento natural”, sino que se llevan a cabo para “promover el rebrote de pasturas, sobre todo en el invierno, para que estén a disposición de los animales en la primavera”. 

Humo en la Ciudad de Rosario.

Allí las quemas están prohibidas. Pero se siguen realizando porque “el Estado ha ido perdiendo lugar y la gente hace lo que quiere”. Además, de quemas para el rebote de pasturas, existen otras que se orientan al impulso de la ganadería, actividades de agricultura y proyectos inmobiliarios a gran escala. “Lo que se busca es destruir el hábitat natural, el ecosistema de humedal que se encuentra en la zona para impulsar un cambio del uso del suelo, y así reemplazar este ecosistema por actividades humanas productivas”, explicó Di Pangracio. 

“Lo que se busca es destruir el hábitat natural, el ecosistema de humedal que se encuentra en la zona para impulsar un cambio del uso del suelo, y así reemplazar este ecosistema por actividades humanas productivas”.

Independientemente del motivo de las quemas, en la región del Delta se exige desde distintas organizaciones la presencia constante del Estado para la prevención. Existe un acuerdo interjurisdiccional, llamado Piecas entre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Nación, que se orienta en metas u objetivos político-institucionales tendientes a establecer pautas de sustentabilidad en las intervenciones territoriales del Delta e Islas del Paraná, este esquema se reactivó recientemente en 2020, luego del desastre ocurrido en el Delta.

Sin embargo, Di Pangracio planteó que las acciones llevadas a cabo, pese a que fueron buenas, no fueron suficientes; dijo que desde la FARN “creemos que lo principal es promover dialogos multisectoriales en los territorios para poner fin a las quemas, porque es un desastre socioambiental; llevar actividades productivas bajo condiciones específicas y que no afecten la integridad ecológica de los ecosistemas ni la salud de la gente”. 

“Los incendios se siguen repitiendo, esta región es una desidia total, hay una gran falta de recursos para poder resolverlo”, apuntó Matías de Bueno, abogado especialista en derecho ambiental y director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), quien explicó que se intenta direccionar la culpabilidad de los hechos a la Justicia Federal de Victoria, pero no dispone de los recursos suficientes para hacerse cargo. “Cuenta con muy pocos recursos de la policía de Entre Ríos, con 3 efectivos de gendarmería y con una prefectura que no tiene ni lancha”, senaló.

“No existe una prevención en las islas de Victoria. Existen cámaras que monitorean, que son los faros de conservación, y gendarmería en la ruta, pero la región es tierra de nadie. Se necesita una fuerza de seguridad que esté en el territorio”, afirmó de Bueno. 

Por su parte, el Ministerio de Ambiente, que conduce Juan Cabandié advirtió que denunciará a los dueños de los predios donde se iniciaron los incendios del Delta. Ante lo cual, De Bueno advirtió que intenta “deslindarse de la responsabilidad que le corresponde desarrollar”.

El Ministerio de Ambiente debía desarrollar “faros de conservación”. Es decir, destacamentos donde pueda alojarse personal con vehículos, drones y distintas tecnologías para prevenir los incendios. Ahora bien, hoy solo hay cámaras que “detectan el fuego cuando se está desarrollando”.

Además, la Corte Suprema de Justicia dijo que se tiene que reunir el comité de emergencia, que se ordenó crear en 2020, y que desde ahí se deberían emplear las diferentes políticas públicas ambientales para resolver el problema. “Hoy se hacen planteos de jurisdiccionalidad cuando no hay duda que se debería intervenir en este territorio porque se está generando un daño en toda la población”, explicó de Bueno.

En tanto, la región de Delta del Paraná está a la espera de una Ley de Humedales que se viene demorando por parte del Poder Legislativo. “La ley de Humedales no es la solución, pero es una herramienta más de control, prevención y conocimiento acerca de los humedales, sobre todo qué son y qué uso se le puede dar”, explicó Sebastián Martínez, integrante de la Multisectorial Humedales.

El proyecto de ley prevé que un 23% del territorio argentino son humedales. La ley está detenida desde el año pasado en Diputados porque no pasó la comisión de Agricultura y Ganadería. Actualmente se volverá a tratar en las comisiónes de Medioambiente, Agricultura y Ganadería y Presupuesto.

“Controlar el fuego es lo más difícil, para que no haya fuego hay que prevenir, tener control certero sobre el territorio, que haya legislación sobre el uso del territorio, el desarrollo de la actividad y demás”, afirmó Martínez

Dentro de los puntos centrales del proyecto de Ley, Martínez destacó la moratoria que prevé que “entre la sanción de la ley y la inclusión de los humedales en el Ordenamiento Territorio, no se permitirá la realización de nuevas actividades ni la ampliación de las actividades existentes en los humedales”. Además, reconoció que la participación ciudadana es esencial, asimismo como los estudios de impacto ambiental.

Fuente: Filo News