El abogado de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa apeló el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal I (TOC) y pidió 3 absoluciones y 5 reducciones de penas.

A tres semanas de la condena de los ocho rugbiers por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el abogado de los acusados, Hugo Tomei, apeló el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal I (TOC) de Dolores y exigió reducir las penas.

A través de un escrito que superó las 100 páginas, Tomei solicitó la absolución de Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi, que fueron condenados a 15 años de prisión por ser partícipes secundarios de la feroz golpiza contra Fernando.

Al mismo tiempo, el defensor reclamó que a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano y Ciro Pertossi se les revoque la perpetua.

En cambio, el letrado pretende que los jueces apliquen una pena de entre 2 y 6 años bajo la figura de “homicidio en riña o agresión tumultosa”.

Los argumentos de Hugo Tomei para apelar el fallo contra los asesinos de Fernando Báez Sosa

En primer lugar, Hugo Tomei cuestionó el accionar de la Justicia en el inicio de la investigación del crimen de Fernando Báez Sosa, que se produjo en la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

“Sin lectura de derechos, sin saber que podían negarse a responder preguntas incriminatorias y sin intervención de la defensa oficial, se les requirieron sus teléfonos celulares con las claves de acceso y la confesión sobre la propiedad de cada prenda de vestir con presuntas manchas hemáticas que se iban incautando”, expresó.

A la vez, Tomei sostuvo que “la información sobre los derechos que gozaban en ese momento fue comunicada cuando todo había terminado, ya en la comisaria Villa Gesell, entre las 16:20 y 18″.

Por otra parte, disparó munición gruesa contra la fiscal al considerar que “no transmitió” a los detenidos que se había llevado a cabo la autopsia, a la que definió como “prueba fundamental para la resolución del caso”.

En tal sentido, el abogado de los rugbiers calificó como “absoluta ilegalidad” los primeros interrogatorios a los acusados, datadas del 19 de enero.

Según Hugo Tomei, “nunca existieron” las indagatorias en cuestión ya que “las audiencias habrían durado entre uno y cinco minutos, tiempo imposible para cumplir con todas las obligaciones impuestas, detalladamente, por la ley ritual, bajo pena de nulidad”.