El Ejecutivo presentó en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2026 , que contempla un incremento en los fondos destinados a las universidades nacionales, pero también incluye la eliminación de los pisos mínimos de inversión fijados por ley para educación, ciencia y tecnología.

El texto oficial prevé asignar $4,8 billones a las casas de altos estudios. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima que las universidades necesitarán $7,32 billones para cubrir salarios, gastos de funcionamiento y programas académicos a lo largo del año.

Uno de los puntos más controvertidos es la derogación de la obligación legal de destinar el 6% del PBI a la educación, establecida por la ley 26.206. La iniciativa también busca dejar sin efecto las normas que garantizan un 0,52% del PBI para ciencia y tecnología, un 0,2% para educación técnico profesional y fondos específicos para los institutos de formación de Defensa.

“Las derogaciones de estas leyes desarticulan un esquema de financiamiento estratégico y empujan a la destrucción de los sistemas de educación, ciencia y tecnología, así como el de Defensa”, advirtió Carlos De Feo, secretario general de Conadu.

Desde el sector universitario remarcan que el monto proyectado por el Ejecutivo está un tercio por debajo de las necesidades reales del sistema. “Detrás del anuncio hay una profundización del ajuste. Hoy hay docentes universitarios que hacen delivery para llegar a fin de mes”, señaló Clara Chevalier, secretaria general de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Algunas instituciones ya comenzaron a implementar planes de restricción de gastos. Las medidas abarcan desde la reducción en el uso de calefacción y aire acondicionado hasta la limitación de programas de extensión e investigación, salvo en áreas críticas como los hospitales universitarios.

Por su parte, el vicerrector del CIN, Franco Bartolacci, recordó que el Ejecutivo vetó recientemente la ley de financiamiento universitario que implicaba una inversión de apenas 0,14% del PBI. “Se trataba de una cifra marginal que garantizaba condiciones mínimas para funcionar con normalidad”, indicó.

El Presupuesto 2026 también contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes, vinculada a la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la aprobación de la ley, y prevé que el gasto en educación universitaria aumente de manera escalonada hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.

En paralelo, voces del ámbito académico cuestionan las prioridades fiscales. “El Gobierno estima que esta medida costaría 0,1% del PBI, cuando solo la reducción en Bienes Personales implicó un 0,41% del PBI”, sostuvo el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

El debate ahora se traslada al Senado. Si la Cámara Alta acompaña el rechazo al veto sobre el financiamiento universitario ya votado en Diputados, el Ejecutivo quedará obligado a promulgar las leyes que garantizan los recursos adicionales para las universidades.