El viernes pasado comenzó sus actividades en Argentina una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), la primera que arribó al país bajo la presidencia de Javier Milei. Este lunes, los enviados del organismo internacional de crédito se reunirán con funcionarios del Gobierno nacional.

El equipo del Fondo, liderado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, tiene programadas reuniones con el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El objetivo principal es renegociar las condiciones de un nuevo acuerdo, dadas las dificultades para cumplir los términos previos bajo la administración de Alberto Fernández y Sergio Massa. La administración libertaria considera ese convenio “virtualmente caído”.

Aquel encuentro estaba programado para el viernes pasado. Pero la delegación del Fondo se reunió primero con técnicos del Banco Central, hoy bajo la conducción de Santiago Bausili. 

Entre los temas críticos a tratar se encuentran la acumulación de reservas y la gestión del tipo de cambio. Las reservas netas del Banco Central cerraron el 2023 con un saldo negativo, incumpliendo así las metas establecidas en un acuerdo anterior. Aunque tras la devaluación y manejo del cepo, el BCRA adquirió dólares en el mercado.

El Gobierno argentino enfrenta desafíos como el déficit fiscal y la emisión monetaria, y espera lograr la aprobación del FMI para un desembolso pendiente de US$ 3.300 millones, además de enfrentar vencimientos inminentes con el organismo que ascienden a US$ 7.700 millones para este año.

A diferencia de lo que ocurrió durante los últimos meses de la gestión anterior, Milei prometió al Fondo un ajuste incluso más severo de lo que pactó el ex ministro de Economía, Sergio Massa, en la última renegociación del convenio. Vía un fuerte ajuste en las cuentas públicas, el mandatario busca alcanzar el déficit cero a fines de 2024.

El Fondo celebró las primeras medidas del oficialismo, anunciadas en la tarde del martes 12 de diciembre por el ministro Caputo. Pero con el correr de las semanas, en el organismo habría dudas acerca de la capacidad política del Gobierno para instrumentarlas.

Por lo tanto, estas conversaciones podrían resultar clave para resolver estos compromisos financieros y reorientar el acuerdo.